Andalucía vuelve a demostrar que otra política económica es posible. Frente al castigo fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, que ahoga a los trabajadores por cuenta propia con subidas de cuotas, más impuestos y un clima de incertidumbre legal, el Gobierno andaluz impulsa con decisión al colectivo autónomo gracias a una ambiciosa estrategia de incentivos, reducción de trabas burocráticas y rebajas fiscales.
La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo destinó en 2024 más de 96 millones de euros al impulso del autoempleo, permitiendo que más de 31.000 andaluces pudieran iniciar su actividad. De ellos, 16.160 autónomos se acogieron a la “Cuota Cero”, una medida pionera que elimina el coste de los seguros sociales en los primeros años de actividad.
Además, otros 15.581 se beneficiaron de las ayudas al inicio de actividad compatibles con la cuota plana estatal. Todo ello se enmarca en una inversión global de más de 715 millones de euros destinada al fomento del empleo y el emprendimiento en Andalucía durante el último año.
Los resultados no se han hecho esperar. Andalucía lidera el crecimiento del empleo autónomo en España: solo en marzo se sumaron 2.401 nuevos trabajadores por cuenta propia, alcanzando un total de 584.829 autónomos activos.
Según ATA Andalucía, la mitad del crecimiento nacional del colectivo durante el primer trimestre se produjo en esta comunidad. Ciudades como Málaga se han convertido ya en referentes nacionales en generación de autoempleo.
Montero castiga al trabajador autónomo y limita su capacidad empleadora
Frente a este modelo andaluz de incentivos, simplificación administrativa y apoyo real al autónomo, el Gobierno central avanza por el camino opuesto.
Según la Federación ATA, el 67% de los autónomos se ha visto obligado a subir precios en 2024 por el incremento de impuestos y cotizaciones, y un 74% tiene una percepción negativa de la economía. La subida de cuotas a la Seguridad Social en 2025 –especialmente para quienes superan los 1.700 euros mensuales de ingresos– y el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que los autónomos pagan íntegramente, suponen un nuevo mazazo para el colectivo.
Además, crece la indignación por el uso de notas informativas por parte de Hacienda como mecanismo “legislativo” para prorrogar regímenes fiscales sin respaldo del Congreso. Juristas e inspectores denuncian una deriva preocupante de inseguridad jurídica. “Estamos ante una degradación del Derecho que pone en riesgo la confianza de quienes emprenden”, alertan expertos como Francisco de la Torre o Esaú Alarcón.
A esto se suma el problema de la morosidad, que ya afecta al 45% de los autónomos, y la caída de empleadores en el colectivo: 50.000 menos que en 2019, según ATA. Mientras tanto, el Gobierno presume de cifras macroeconómicas sin tener en cuenta que la “microeconomía” real de los autónomos está cada vez más asfixiada.
En contraste, la Junta de Andalucía promueve un ecosistema empresarial competitivo, ágil y basado en la confianza. “Los autónomos son un pilar estratégico para el desarrollo económico de nuestra tierra”, ha subrayado la consejera Rocío Blanco, quien también ha puesto en valor los más de 132 millones de euros movilizados para la convocatoria 2023-2024 de ayudas al inicio de actividad y la red de cátedras de economía social en universidades públicas como herramienta de innovación y formación.
Mientras Sánchez castiga, Andalucía impulsa. Y los datos son claros: allí donde se bajan impuestos y se confía en los emprendedores, crece el empleo, se consolida el tejido productivo y se genera futuro.
