Hoy se cumplen 16 años del inicio del caso ERE, el mayor escándalo de corrupción política en la historia democrática de España. El 31 de marzo de 2009 salía a la luz una grabación clave en Mercasevilla que destapó una trama de sobornos y dio origen a una investigación que terminaría sacando a la luz un sistema clientelar dirigido desde la Junta de Andalucía durante años de gobiernos socialistas.
¿Cómo empezó el caso ERE?
El caso ERE comenzó cuando dos empresarios del Grupo La Raza grabaron a dos directivos de Mercasevilla pidiéndoles 450.000 euros a cambio de una concesión para una escuela de hostelería. En la conversación, los implicados aludían a supuestos beneficiarios como «niños saharauis y carteles de Felipe González», y afirmaban: “La Junta colabora con los que colaboran”. Aquella frase marcó el inicio de una investigación que conduciría a uno de los mayores casos de fraude con dinero público jamás vistos en España.
A raíz de esa grabación, la jueza Mercedes Alaya inició una instrucción que destapó el uso de un fondo de 647 millones de euros destinado a subvencionar prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis. Sin embargo, el sistema era opaco y sin control legal: se usaban entes como el IFA (después IDEA), sin fiscalización y sin publicación oficial en el BOJA.
El propio Francisco Javier Guerrero, ex director general de Empleo, reconoció que existía un “fondo de reptiles” para conceder ayudas de forma discrecional, justificándolo como un mecanismo para mantener la «paz social». En ese sistema se incluyeron cientos de «intrusos»: personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiarias pero que cobraron como si lo hubieran hecho, muchos de ellos vinculados al entorno del PSOE.
Los protagonistas del caso ERE
Durante la investigación del caso ERE, se imputaron a más de 200 personas, incluidos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de exconsejeros como José Antonio Viera y Antonio Fernández. La jueza Alaya vinculó el fraude al núcleo del poder socialista andaluz.
Aunque el PSOE trató de circunscribir el escándalo a «cuatro o cinco golfos», la realidad judicial demostró que el fraude fue estructural, sistémico y conocido por los más altos responsables del Gobierno andaluz.
El PSOE intenta reescribir la historia del caso ERE
A 16 años del estallido del caso ERE, el PSOE no solo nunca ha pedido perdón a los andaluces, sino que hoy intenta reescribir la historia. Mientras siguen condenados, desde el Gobierno de España se ha iniciado una estrategia de blanqueo político y mediático del mayor caso de corrupción de nuestra democracia.
La ministra y actual vicepresidenta María Jesús Montero, exconsejera del Gobierno andaluz durante los años del fraude, ha defendido públicamente la «honorabilidad» de Griñán incluso tras ser condenado. Desde Moncloa, el propio Pedro Sánchez ha mantenido silencio o ha respaldado implícitamente a los condenados, en un ejercicio claro de complicidad moral y política.
Además, el PSOE y su entorno han alentado la tesis del “lawfare” para desacreditar a la jueza Mercedes Alaya, cuya instrucción fue la que destapó toda la red corrupta. Algunos exdirigentes implicados, como Antonio Rodrigo Torrijos, han llegado a pedir indemnizaciones por el “agravio” de haber sido investigados. Incluso se ha activado una ofensiva política para presentar a los principales responsables del caso ERE como “víctimas” del sistema judicial, en lugar de como autores del fraude.
El intento de blanqueo no es casual: llega justo cuando el PSOE necesita seguir sentado en el sillón con mentiras y engaños, y a diario se encuentra acorralado con casos de corrupción. Pero la memoria de los andaluces sigue viva. El caso ERE no es solo un episodio judicial: es la prueba de cómo se utilizó el poder institucional durante décadas para beneficiar a unos pocos y silenciar a muchos.
Andalucía exige justicia y transparencia
El Gobierno andaluz lleva años demostrando una forma de hacer política opuesta a la del PSOE: centrada en la legalidad, la austeridad, la eficacia y el respeto a los andaluces. Mientras tanto, el socialismo intenta cerrar en falso una etapa marcada por el saqueo de fondos destinados a los parados andaluces.
“Ni el ruido, ni el aparato mediático socialista han removido ni un poco la realidad de Andalucía”, afirmaba recientemente Antonio Repullo, secretario general del PP de Andalucía. “Qué larga se les va a hacer esta oposición destructiva al PSOE. Porque cuando uno no tiene argumentos, siempre elige el peor camino: el de la mentira, la excusa y el desprecio”.
El PP de Andalucía defiende que el trabajo serio y riguroso de los últimos años ha devuelto la credibilidad institucional a Andalucía, después de décadas de escándalos, clientelismo y derroche protagonizados por el PSOE.
Europa no será cómplice del blanqueo del caso ERE
El envío de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone una garantía jurídica fundamental para evitar que los poderes en España cierren la puerta a nuevas investigaciones sobre el caso ERE. El intento del PSOE de frenar esa vía representa, una vez más, su interés por enterrar la verdad y evitar que se conozcan todas las consecuencias de su gestión corrupta en Andalucía.
Desde el PP de Andalucía se mantiene la defensa firme de los procedimientos judiciales y de la colaboración con todas las instancias nacionales e internacionales que permitan esclarecer hasta el último detalle de lo ocurrido.
“El PP va a seguir a lo suyo. Un partido que propone, construye y escucha. El Partido Popular trata con respeto a Andalucía. Así es cómo se trabaja en el futuro y en el bienestar de las personas. Menos mítines y más carpetas”, ha zanjado Repullo.
