El caso Koldo sigue ampliando su alcance con nuevas diligencias impulsadas por el Tribunal Supremo. El magistrado instructor Leopoldo Puente ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que aclare el destino de 508.433,01 euros abonados al exministro José Luis Ábalos en concepto de «rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen», las cuales no aparecen reflejadas en sus cuentas bancarias, según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El Supremo ha concedido un plazo de 15 días al Ministerio para que remita toda la información relativa a esos pagos, especificando fecha, concepto, cuenta de destino y método de transferencia. Se trata de importes asignados a los ejercicios 2018 y 2019, por cuantías de 156.440,29 y 351.992,72 euros respectivamente, cuando Ábalos ocupaba la cartera de Fomento primero y de Transportes después.
El instructor responde de este modo a una petición directa de la UCO, contenida en un oficio enviado el pasado 28 de abril, donde se detallaban las anomalías detectadas al cruzar la información tributaria de Ábalos con sus movimientos bancarios. Según la Guardia Civil, los fondos consignados por la «caja pagadora central» del Ministerio no se identifican en ninguna de las cuentas del exministro investigadas judicialmente.
Rastro fiscal, pero sin trazabilidad bancaria
Según el auto del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes de la UCO detectaron estos pagos en los registros de la Agencia Tributaria, pero no encontraron reflejo identificable en las cuentas bancarias de Caixabank asociadas a José Luis Ábalos. «Lo que impide comprobar la trazabilidad de aquellos ingresos», apunta expresamente el magistrado instructor.
«Se solicita que se informe de todos y cada uno de los pagos realizados, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de destino y concepto de los mismos», recoge el oficio remitido por la Guardia Civil al juez. La solicitud busca esclarecer el posible destino alternativo de estos fondos y determinar si hay elementos constitutivos de delito fiscal o blanqueo.
Este requerimiento se enmarca dentro del procedimiento que el Supremo dirige contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, por la presunta contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, una investigación que ha derivado en la conocida instrucción del caso Koldo.
Caso Koldo: El cerco judicial se estrecha sobre Ábalos
El caso Koldo nació a raíz de la detección de comisiones ilegales en contratos millonarios de emergencia adjudicados durante el COVID-19, y ha salpicado a varios niveles de la Administración. En el centro de la trama se encuentra Koldo García, exasesor de Ábalos en el Ministerio y en su época como secretario de Organización del PSOE.
Las nuevas pesquisas apuntan a que José Luis Ábalos podría haber recibido retribuciones opacas mientras desempeñaba funciones de alto cargo, al margen de los cauces ordinarios de control financiero. La falta de correspondencia entre los datos tributarios y bancarios, señalada por la UCO, refuerza la hipótesis de posibles irregularidades en la gestión de fondos públicos.
El auto del magistrado Puente implica también que, de confirmarse la inexistencia de trazabilidad, Transportes podría verse obligado a justificar documentalmente no solo los pagos, sino también el motivo de la falta de registro bancario en los informes judiciales requeridos. En caso contrario, se podría abrir una nueva línea de investigación.
La posición de Ábalos y la evolución del procedimiento
José Luis Ábalos mantiene su escaño en el Congreso de los Diputados como parlamentario del Grupo Mixto, tras su salida del PSOE por la presión derivada del caso Koldo. Aunque ha negado cualquier vinculación con las adjudicaciones bajo sospecha, los indicios recabados hasta la fecha han provocado su imputación formal en la causa.
La apertura de diligencias por parte del Supremo implica un refuerzo del cerco judicial en torno al exministro, quien ya ha sido objeto de diversas peticiones de información patrimonial, tanto a entidades bancarias como a organismos públicos.
Con este nuevo requerimiento, el instructor pretende confirmar si los más de 500.000 euros abonados como rentas exentas tienen algún tipo de justificación funcional dentro de las normas retributivas del Ministerio o si se encuadran en prácticas ajenas a la legalidad.
Implicaciones políticas y fiscales
El avance del caso Koldo no solo tiene consecuencias judiciales. También compromete a las estructuras de control interno del Gobierno central durante los años de pandemia. La posibilidad de pagos no registrados en circuitos bancarios regulares plantea dudas sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos y sobre el rol de la «caja pagadora central» en operaciones de dudosa trazabilidad.
Este episodio se suma a otros elementos ya conocidos del caso Koldo, como las comisiones millonarias cobradas por empresas vinculadas a Koldo García, la intervención de intermediarios sin relación con el sector sanitario o la adquisición de mascarillas defectuosas.
La credibilidad del sistema de contratación pública está en el centro del debate, y el avance de las investigaciones podría derivar en nuevas imputaciones o en responsabilidades administrativas adicionales. El seguimiento de los pagos a Ábalos podría convertirse en una pieza clave del procedimiento.
