[vc_row][vc_column][vc_column_text]El pasado día 7 de octubre entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del solo sí es sí eliminando la distinción entre abuso y agresión, regulando la necesidad de consentimiento expreso. Sin embargo, la norma no ha estado exenta de polémica y ha generado divisiones dentro del sistema legal español.

Aprobación de la Ley del solo sí es sí

La ley se aprobó con 205 votos a favor, 141 en contra y 3 abstenciones. A pesar de la oposición de partidos políticos como el PP y Vox. Esta ley trascendental tomó su nombre del eslogan feminista que surgió tras la controvertida sentencia de La Manada, que consideró el abuso sexual en lugar de violación en un incidente grupal.

Las medidas más destacadas de la ley incluyen una redefinición del consentimiento y la eliminación de la distinción entre la agresión y el abuso sexual. Según la norma, «sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona«. De este modo, cualquier acción que infrinja la libertad sexual sin consentimiento será considerada una agresión sexual.

Consecuencias de su aplicación

La ley del «solo sí es sí» ha generado un importante impacto en España desde su entrada en vigor. Y lo ha hecho, tanto desde una perspectiva social como legal. Al modificar la interpretación legal del consentimiento sexual, esta ley ha cambiado el panorama jurídico de los delitos sexuales en el país. Aquí podemos ver algunos de los principales efectos:

  • Reducción de Penas: Uno de los efectos más notables y polémicos ha sido la reducción de las penas a los condenados por delitos sexuales. El artículo 2.2 del Código Penal establece que las leyes penales que benefician al reo tienen efecto retroactivo, incluso si la sentencia ya es firme y el sujeto está cumpliendo condena. Esto ha llevado a la reducción de muchas condenas, y en algunos casos, a la liberación de los condenados. Esto ha generado indignación en ciertos sectores de la sociedad que consideran que la ley está favoreciendo a los delincuentes en lugar de a las víctimas.
  • Cambios en la Definición de Delitos Sexuales: La nueva ley reduce los delitos contra la libertad sexual a dos: agresión sexual y violación. Esto implica un cambio significativo en la interpretación y tipificación de los delitos sexuales,. Lo que a su vez puede tener implicaciones para futuros procesos judiciales.
  • Nuevas Interpretaciones del Consentimiento Sexual: La ley establece que cualquier acto sexual sin consentimiento explícito se considera agresión o violación. Esto pone el foco en el consentimiento de la víctima, lo cual es un cambio fundamental en la ley española.
  • Debate Político y Social: La ley ha generado un intenso debate político y social. Aunque algunos sectores aplauden la nueva ley por poner el foco en el consentimiento, otros critican los «efectos indeseados«, especialmente la reducción de las penas. Este debate también ha revelado divisiones entre los partidos de gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, en relación con la interpretación y aplicación de la ley.
  • Llamado a Modificaciones Legales: El Ejecutivo ha confirmado que modificará el texto para tratar de evitar los «efectos indeseados» dada la controversia generada por la ley. Sin embargo, hasta la fecha, aún no se ha llegado a un consenso sobre las modificaciones necesarias.

La aplicación e interpretación de la «ley del solo sí es sí» seguirán evolucionando en los próximos años y las consecuencias a largo plazo aún están por determinarse.

La Ley del solo sí nace de la indignación pública

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual fue promulgada en respuesta a la indignación pública generada por la sentencia en el caso de violación por parte de un grupo de jóvenes durante las fiestas de San Fermín de 2016. La víctima presentó una denuncia por violación. Pero la justicia condenó a los perpetradores a 9 años de prisión por abuso sexual continuado y no por agresión sexual, ya que no se encontraron indicios de violencia o intimidación.

La Ley del solo sí, adquiere su nombre de su objetivo principal. Antes de su entrada en vigor, para condenar una violación se debía demostrar intimidación o violencia. Pero con esta nueva ley, cualquier acto sexual sin consentimiento explícito se considera agresión o violación. Los jueces determinarán si se ha cometido un delito de violencia sexual basándose en si hubo o no consentimiento.

Diseño legislativo con fisuras

El nuevo diseño legislativo ha sido criticado por permitir potencialmente la reducción de las penas para condenados por abusos sexuales. La nueva norma, en su artículo 178, ya no distingue entre abuso y agresión sexual, uniendo ambos conceptos y abarcando un espectro más amplio de delitos.

Al unificar abuso y agresión sexual, se introducen nuevas circunstancias para agravar los castigos, como la anulación de la voluntad de la víctima mediante drogas. Sin embargo, también se amplía el rango de la pena. Ahora, las condenas que pueden establecer los magistrados oscilan entre cuatro y doce años, en lugar de los seis a doce años previos.

Esta situación ha llevado a la disminución de las penas en casos de abusos sexuales, gracias a la existencia del «principio general de retroactividad de las sanciones más favorables», recogido en el artículo 2 del Código Penal. El principio mencionado permite la revisión de las condenas anteriores a la ley y, en algunos casos, su reducción. Desde entonces, se han reducido más de 200 condenas, que en algunos casos han resultado en la liberación del condenado.

La ley del sólo sí es sí representa un avance significativo en la lucha por los derechos de las víctimas de violencia sexual. Aunque también pone de manifiesto las dificultades inherentes a la redacción de leyes que son equitativas y justas para todos.

Los «efectos indeseados»

La ley del solo sí es sí, más que ser una insignia, se ha convertido en una dificultad para el Gobierno de coalición debido a sus «efectos indeseados«. Esto se refiere a la reducción de las penas a los agresores sexuales como resultado de su implementación.

Después de tres meses, el Ejecutivo confirmó que modificará el texto de la ley para tratar de evitar estos «efectos indeseados«. Sin embargo, hasta ahora no ha habido consenso entre las dos formaciones políticas en Moncloa: el PSOE y Unidas Podemos.

Algunos expertos legales sostienen que se podría haber incluido una disposición transitoria en el texto de la ley. Consiguiendo así evitar la revisión a la baja de algunas condenas. Sin embargo, esto no se hizo y las razones no están claras. Algunos especulan que se confió en que la interpretación de la nueva ley no llevaría a estas reducciones de penas.

El Gobierno ha negado que existieran advertencias sobre estos «efectos indeseados«. Solo se reconoce que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió que una reducción de las penas máximas podría resultar en la revisión de las sentencias. Como resultado, las penas máximas no se modificaron.

La cifras de beneficiados por la ley del solo sí es sí

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado en un comunicado que la ley del solo sí es sí, ya ha beneficiado a un total de 1155 abusadores sexuales que han visto reducidas sus penas. Además de haberse producido 117 excarcelaciones desde su entrada en vigor el pasado 7 de octubre. El número de casos revisados que resultaron en una reducción de pena asciende a un notable 31,4%. Estos datos, actualizados al 1 de julio, se derivan del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia (TSJ) y las audiencias provinciales.

Esta última actualización muestra un ligero incremento respecto a los datos anteriores del 1 de junio. En esta fecha se registraron 1.127 reducciones de pena y 115 excarcelaciones. De estos, el Tribunal Supremo ha dictado 31 reducciones de condena, que representan el 36,5% de las revisiones totales realizadas por este tribunal. La Audiencia Nacional ha ordenado una sola reducción, equivalente al 14,3% de sus revisiones. Los Tribunales Superiores de Justicia han acordado 145 reducciones y 10 excarcelaciones, un 34,4% de sus revisiones; y las Audiencias Provinciales han determinado 978 rebajas y 107 excarcelaciones, que equivalen al 27,6% de sus revisiones totales.

En términos de datos regionales, el TSJ de Madrid encabeza la lista con 49 reducciones de condena. Le sigue Islas Baleares con 16, y Andalucía y Cataluña con 12 cada uno. Por el contrario, los TSJ de Cantabria, La Rioja, Castilla y León, y País Vasco y Extremadura han aplicado la menor cantidad de reducciones, con 0, 1, 2, y 3 respectivamente.

En relación a las excarcelaciones ordenadas por los TSJ, Navarra lidera con 5, seguida de Aragón con 3, y Andalucía y País Vasco con 1 cada uno. Por otro lado, las audiencias provinciales de Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante han aplicado la mayoría de las reducciones de condena, con 126, 60, 58 y 55 respectivamente. Mientras que las de Ávila, Segovia, Soria, La Rioja y Cuenca han realizado las menos reducciones.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]