Las sospechas sobre Montero se intensifican tras la difusión de diversos indicios que apuntan a una posible estrategia coordinada dentro del PSOE para desactivar investigaciones judiciales vinculadas a casos de corrupción en Andalucía. La figura de Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del partido, ha pasado al primer plano mediático al revelarse sus contactos con abogados, periodistas y funcionarios implicados en macrocausas como los ERE o el caso Aznalcóllar.
Leire Díez se presentó en marzo en la primera sesión del juicio por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, donde varios ex altos cargos del Gobierno andaluz están siendo juzgados. Su presencia, inicialmente discreta, cobró relevancia semanas después, cuando se publicaron audios que evidenciaban su intento de influir en el desarrollo de procesos judiciales a través de presiones a fiscales y abogados del Estado.
La polémica estalló justo antes de conocerse el llamado ‘informe Cerdán’ de la UCO, que terminó costando el cargo al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
La actividad de Díez no pasó desapercibida entre los letrados de los acusados, quienes reconocen haber recibido llamadas suyas para sonsacar información sobre causas judiciales sensibles. Uno de ellos relató que Díez se presentó como periodista y mostró un especial interés en la sentencia de 2019 contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso ERE.
«La impresión que tuve es que quería información para contársela a otro, no sé a quién», comentó uno de los abogados que mantuvo conversaciones con ella. Las acciones de Díez apuntan a una labor de recopilación de datos cuyo destinatario final aún no ha sido revelado, pero que refuerzan la sospecha de una posible implicación de sectores del PSOE, incluyendo a Montero, en una operación para controlar el daño reputacional.
La actividad de Díez también se centró en deslegitimar a la empresa Emerita Resources, parte acusadora en el caso Aznalcóllar. Según los testimonios recogidos, habría intentado desacreditar a esta compañía canadiense, que ya había protagonizado conflictos similares en otras regiones. En Cantabria, por ejemplo, Emerita fue expulsada tras incumplir los compromisos de inversión en una mina de zinc, hecho que Díez conocía de cerca por su etapa en la comunicación del PSOE cántabro.
Otro de los elementos clave es el vínculo de Díez con Ferraz y su relación con Santos Cerdán, a quien entregó un pendrive con información sobre presuntas tramas de hidrocarburos. La exmilitante, que ha negado actuar bajo órdenes directas del partido, compareció ante los medios para rechazar ser una «fontanera» del PSOE, aunque sus acciones y su cercanía con Montero y Cerdán alimentan las dudas.
Montero guarda silencio
Montero, como figura central del Ejecutivo y persona de máxima confianza del presidente Sánchez, ha evitado pronunciarse directamente sobre estos hechos. Sin embargo, en el entorno político y judicial crece la presión para que se aclare si tuvo conocimiento o alguna participación en las maniobras atribuidas a Díez.
La reapertura del caso Aznalcóllar por orden de la magistrada Mercedes Alaya también vuelve a situar a Montero bajo el foco. La resolución judicial coincidió en el tiempo con los movimientos de Díez, lo que lleva a algunos analistas a plantear si existió un intento deliberado de influir en los tiempos procesales o en la narrativa pública del caso.
Los audios de la trama revelan cada vez más implicados
En paralelo, los audios entre Koldo García, Santos Cerdán y otros dirigentes como Gómez de Celis, apuntan a una red de influencias y favores que salpican al núcleo duro del PSOE. En esas conversaciones, se habla abiertamente de intermediaciones para conseguir contratos y de cómo ciertos dirigentes hablaban o actuaban para facilitar operaciones, todo en un contexto donde Montero aparece cada vez más cercana.
La implicación de Montero, directa o indirecta, en estos episodios plantea un serio dilema para el Gobierno. Su figura es clave en la arquitectura del poder del PSOE, y cualquier sombra sobre su actuación tiene un potencial desestabilizador. La ciudadanía merece saber si Montero estaba al tanto de las actividades de Díez o si estas se realizaron bajo la supervisión de algún sector del partido con su consentimiento.
El caso de Leire Díez no es un hecho aislado, sino parte de un entramado mayor que ha vuelto a poner en tela de juicio la integridad de las instituciones. Con el juicio de Aznalcóllar en curso y la reapertura de debates sobre los ERE, la transparencia del PSOE y el rol de Montero están más cuestionados que nunca.
