• El diputado del PP por Sevilla Juan Bueno reprocha al PSOE que rechace en Andalucía una iniciativa similar a la que ha impulsado en el Congreso
• “Nos sigue preocupando la deriva de los socialistas en este asunto, no son claros, porque parece que nos dan la razón con propuestas similares y al mismo tiempo parece que no quieren molestar a sus socios y niegan el problema”

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado, a instancias del PP y con el apoyo de Vox, una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno central a adoptar medidas urgentes contra la ocupación ilegal y mejorar la defensa de las personas propietarias de una vivienda ocupada ilegalmente. “No hay excusas, hay que mejorar el ordenamiento y adaptarlo a una mejor y mayor protección de los legítimos propietarios”, ha esgrimido durante la defensa de la propuesta el diputado del PP por Sevilla Juan Bueno, quien ha reprochado que el PSOE haya votado en contra de esta medida en Andalucía cuando desde el Congreso de los Diputados ha impulsado medidas similares a través de una enmienda a la ley de Enjuiciamiento Criminal.

“Nos sigue preocupando la deriva del PSOE en este asunto, no son claros”, ha abundado, “porque con esas enmiendas intentan decirnos por un lado que tenemos razón y por otro parece que no quieren molestar a sus socios y llegan a negar el problema y alegar que es un invento de la derecha”.

Bueno ha argumentado, durante la defensa de la PNL, que la protección penal, civil y administrativa que se recoge en el ordenamiento español vigente “es insuficiente” para frenar un fenómeno en aumento “y para colmo con implicaciones de mafias que hacen caja con este asunto extorsionando a los legítimos propietarios para desalojar su vivienda, porque la ley no les ampara adecuadamente”.

Según ha detallado, los datos del Ministerio de Interior constatan que el problema afecta a 100.000 inmuebles en España, y cada día se producen 40 nuevas ‘okupaciones’ de media. “En una década hemos pasado de 3.800 denuncias en 2011 a 17.200 en 2021, cuatro veces más”, ha subrayado, para recordar a continuación que en Andalucía el número de casos repuntó en 2021 un 8% respecto al ejercicio anterior.

Bueno ha apelado al resto de formaciones políticas a “no confundir y desvincular estos casos de ocupación ilegal de los casos de vulnerabilidad o exclusión social”. “Unas situaciones en las que sí hay una implicación y una política de hechos del Gobierno de Andalucía, y no la hay tanto, o sencillamente no la hay, por parte del Gobierno del señor Sánchez”, ha apuntado. Y ha recordado las más de 4.000 viviendas en promoción para alquiler a precio asequible que hay en marcha o las distintas líneas de ayuda al alquiler para colectivos especialmente vulnerables.

En este sentido, la proposición no de ley aprobada en el Parlamento con el voto en contra de PSOE, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía insta al Gobierno de España a que proceda con carácter urgente a modificar el Código Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias. Para ello, plantea la recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre tres y cinco años. Además, señala la necesidad de incluir nuevas medidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir el desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas.

Asimismo, como novedad, reclama la modificación de la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal con el objetivo de que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Por último, la proposición busca evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal y que esa documentación sirva de prueba de residencia o domicilio o permita acceder a ciertos derechos, por lo que insta a los Ayuntamientos a darlas de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento. De la misma manera, reclama un cambio de la legislación tributaria para la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas.