• Crespo subraya las denuncias de «maquillaje» que hacen los profesionales de los datos oficiales que ofrece el SAS y advierte de que las «soluciones puntuales» de la Consejería no han mejorado la situación

• PSOE y Cs rechazaron la propuesta hace un año para poner en marcha una Comisión de Profesionales «cuyos resultados no se han visto»

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La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido esta mañana al resto de grupos con representación parlamentaria que apoyen la iniciativa que el PP lleva al Pleno de esta semana para la creación de un Grupo de Trabajo que analice y plantee una «solución integral» a la situación de las listas de espera sanitarias en la comunidad.

La iniciativa del PP llega al Pleno después de que los profesionales sanitarios y pacientes hayan «dejado en entredicho la credibilidad» de los datos oficiales hechos públicos por la Consejería a principios de este mes de septiembre. Dichas denuncias hablan de «maquillaje», de «presiones» a los facultativos para no derivar pacientes a los especialistas y de «datos falsos», tal y como ha relatado también la portavoz de Salud del PP en la Cámara, Catalina García.

Crespo subrayó que no se trata sólo de la «guerra de cifras» que sigue cada año a la presentación de los datos oficiales, sino de un verdadero problema que «afecta a toda la sociedad andaluza», que está «mermando la calidad de los servicios públicos» y, en definitiva, «afectando a la calidad de vida de los andaluces».

Dijo que se trata de una iniciativa «necesaria» porque «los andaluces no puede esperar un año más», y que es una «oportunidad» para escuchar a los profesionales, sindicatos y pacientes para «buscar soluciones entre todos».

Recordó que el pasado año PSOE y Ciudadanos rechazaron esta propuesta para aprobar después una ‘Comisión de Profesionales’ que contó con el apoyo del PP. Sin embargo, casi un año después, dijo Crespo, «no se han visto los resultados y estamos en las mismas circunstancias». En este sentido, criticó además la «opacidad» que rodea a los datos reales de las listas de espera en la sanidad pública andaluza: «la premisa no puede ser las medias verdades, ni que la realidad no te estropee un buen titular».

Una idea en la que también abundó la responsable de Sanidad del Grupo Popular, quien pidió «voluntad real» para solucionar el problema al gobierno andaluz, a quien, afirmó, «sólo le importa el slogan, la foto y los anuncios». Aclaró que las denuncias de ‘maquillaje’ que están haciendo los profesionales existen desde 2008 y apuntó que en otras comunidades autónomas se han tomado decisiones como la aprobación de auditorías externas, un asunto que el PP ya ha llevado al Parlamento Andaluz y que fue rechazado.

«Se está engañando a los andaluces que creen que se cumplen los plazos pero cuando van a preguntar por su intervención descubren que se han quedado fuera de las listas», dijo Catalina García, quien mostró la preocupación del PP porque esta situación tenga «repercusiones en la salud».

Carmen Crespo insistió en que las «soluciones puntuales» que está anunciando la Consejería son insuficientes, y que mientras el SAS habla a través de su gerente de ‘leyendas urbanas’ en torno a la situación real de las listas de espera, hay más de 10.000 pacientes que «han perdido los tiempos de garantía merced a decisiones arbitrarias»; y más de 6.000 andaluces en una situación de «limbo» administrativo porque han sido sacados de las listas de espera a pesar de estar pendientes de una intervención. Son los pacientes que la Junta cataloga como ‘transitoriamente no programables’.

La portavoz popular hizo mención también a las grandes diferencias entre provincias en los tiempos de espera. «Hay andaluces que esperan 40 días para ir al especialista mientras que otros esperan una media de 81 días», y recordó la situación de la provincia de Granada que ha empeorado ostensiblemente en un año.

En materia presupuestaria, recordó que de los 177 millones de incremento del presupuesto para Sanidad de este ejercicio, 27 millones se han destinado a pagar intereses de demora, y que si bien había presupuestados 132 millones para inversiones en infraestructuras que sufrieron un recorte de 26,5 por la vía de las modificaciones presupuestarias, lo ejecutado a fecha de 30 de agosto ha sido el 12%, es decir, 16,5 millones.