• García y Domínguez cuestionan si la «artimañana» de pedir toda la documentación de la agencia es por si el PSOE cree que «en todo lo que hizo la Faffe hubo irregularidades»
• «No vamos a ciegas y sabemos lo que estamos buscando un caso «extremadamente grave donde se utilizó el dinero de los parados andaluces para pagarle la buena vida a señores vinculados al PSOE»
Los representantes del Grupo Popular en la comisión parlamentaria de investigación sobre la Faffe, Ana Vanessa García y Erik Domínguez, han acusado al PSOE de «querer bloquear el funcionamiento de la Consejería de Empleo y la de la propia comisión» al solicitar la documentación «de toda la vida de la Faffe» en una «artimaña» para que el objetivo de esta investigación parlamentaria de «saber la verdad  y recuperar el dinero» acabe siendo «como buscar una aguja en un pajar».

García ha advertido sobre el «sinsetido» de esta actuación por parte de los socialistas, cuestionando qué pretende el PSOE con ello y si con ello está diciendo «si en todo lo que hizo la Faffe hubo irregularidades».

Sin embargo, la parlamentaria popular ha aclarado que en la comisión de investigación «no vamos a ciegas y sabemos lo que estamos buscando» en un caso «extremadamente grave donde se utilizó el dinero de los parados andaluces para pagarle la buena vida a señores vinculados al PSOE».

En ese sentido, ha dicho que la intención es conocer «la trama de facturas falsas que dice la UCO que se utilizaba para pagar las juergas, el dinero público gastado en prostitución, los dirigentes socialistas que iban a la Faffe a leer el periódico y los 50 millones de euros de subvenciones sin justificar».

Y por ello, el Grupo Popular ha solicitado documentación «concreta» como son «expedientes de las subvenciones que están en proceso de reintegro», con valor de más de 60 millones sin justificar, «información respecto al control de fondo y las cajas que tenía la Faffe, toda la documentación relacionada con las tarjetas black e información de la liquidación de la Faffe cuando se integra el personal en el SAE».

Además, también se han pedido «los contratos de alquiler y subarrendamientos, la adjudicación de contratos y la propia subcontratación de la Faffe, porque la UCO ha dicho que hay amaños e irregularidades en numerosos contratos, los que hemos pedido porque la Fiscalía ve indicios de malversación de hasta 9,4 millones de euros».

«También queremos conocer cuántas veces hay sido subcontratada para cursos de formación, el expediente de la Faffe en el escándalo de la formación de los trabajadores de Delphi» y para «aclarar ese enchufismo y clientelismo que existía con dirigentes socialistas», que según la propia investigación judicial «apunta a más de 200 personas vinculadas con el PSOE».

Igualmente, ha resaltado que también se ha solicitado expediente relacionado con la empresa Umax, ya que «la Faffe tuvo relación con esta empresa» , de la que recientemente fueron condenados cuatro ex altos cargos del PSOE, lo que «demuestra que hay irregularidades en la Faffe».

«Estamos trabajando en esa comisión de investigación» pidiendo «mucha documentación, pero documentación concreta  de lo que estamos buscando sobre las barbaridades que ocurrieron con el dinero público en la Faffe porque queremos saber la verdad, recuperar el dinero y que los culpables paguen».