• Carazo señala que la modificación de las tablas de bonificaciones “sigue dejando fuera a miles de familias”

• “Las familias van a tener que pagar 272 euros mensuales, lo que de hecho supone que no puedan optar a una plaza por no poder acceder a las ayudas”

• Continúa la discriminación en función de la fecha de nacimiento al no poder solicitar las ayudas en cualquier momento del curso”

Marifran carazo

Marifran Carazo

La portavoz de Educación del PP Andaluz, Marifrán Carazo, denunció hoy que el gobierno de Susana Díaz va a mantener el ‘recortazo’ de las ayudas en la Educación Infantil y vuelve a incumplir su compromiso de solucionar los problemas creados por el decreto aprobado hace un año con el rechazo del sector y de las familias y con el voto en contra del PPA. Carazo explicó que tras la reunión ayer de la Mesa Sectorial con las escuelas infantiles, la Junta propuso unas modificaciones “claramente insuficientes que siguen dejando fuera a miles familias mileuristas”.

La portavoz popular afirmó que el gobierno andaluz “se muestras incapaz de resolver los problemas que creó por su falta de diálogo y para el próximo se curso se mantendrán los mismos problemas y los mismos resultados”.

Así, señaló que “miles de familias con escasos recursos van a tener que seguir pagando 272 euros mensuales, lo que de hecho supone que muchas de ellas no puedan optar a una plaza de Educación Infantil por no poder acceder a las ayudas”.

Marifrán Carazo reprochó “el escaso talante negociador de la Consejería de Educación, ya que fue a la Mesa Sectorial con una propuesta cerrada y no aceptó el debate sobre las tablas de las escuelas infantiles”.

Por otro lado, señaló que tampoco se resuelve de cara al próximo curso el problema de los niños que todavía no han nacido en el periodo de matriculación. “Son familias que se quedan sin poder solicitar ayuda al no existir una convocatoria abierta que permita solicitar la bonificación en cualquier momento del curso”.

Carazo señaló que “es un efecto perverso del decreto de Díaz que supone una zancadilla a la conciliación familiar y, como en todas las políticas educativas del gobierno de Díaz, rompe la igualdad, ya que discrimina a unas familias u otras en función de la fecha de nacimiento de sus hijos”.