El Partido Popular ha elevado la presión sobre el Gobierno tras conocerse el registro de la UCO al PSOE y a varias instalaciones oficiales del Ejecutivo. En declaraciones desde Santander, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que «la huida hacia delante de Pedro Sánchez ha llegado a su fin», tras confirmarse la intervención de la Unidad Central Operativa en sedes como Ferraz, el Ministerio de Transportes, la Dirección General de Carreteras y la empresa pública Adif.
«El registro de la UCO al PSOE es la prueba de que ya no hay vuelta atrás. Lo que está en juego es la integridad de las instituciones del Estado», ha declarado Gamarra, visiblemente contundente.
La dirigente popular ha recordado que el juez del Tribunal Supremo ha imputado además a Santos Cerdán, «el segundo secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, que solo ha tenido dos desde que es presidente del Gobierno». Un hecho que, en su opinión, evidencia que los escándalos han llegado al corazón del aparato socialista.
Registro de la UCO al PSOE: Gravedad de los delitos investigados
Según la información judicial conocida, la investigación apunta a presuntos cobros de comisiones, mordidas y cohechos, así como escándalos de prostitución que habrían tenido lugar desde las más altas instancias del PSOE y mediante el uso de recursos públicos gestionados por el Gobierno de Pedro Sánchez.
“Esto no se aguanta más, ya no puede sostenerse un Gobierno que está a diario en la prensa internacional por casos de corrupción. Solo hay un camino: que Pedro Sánchez dé la palabra a los españoles”, ha reclamado Gamarra.
A la situación de Cerdán y el registro de la UCO al PSOE, se suman los detalles de la supuesta destrucción de pruebas vinculadas a José Luis Ábalos. En palabras de Gamarra, se han producido maniobras para hacer desaparecer pruebas clave, «como esos pendrives que alguien intentaba ocultar en la ropa interior de una chica».
Nueva ofensiva legal contra la Ley de Amnistía
En paralelo a estos acontecimientos, el PP ha vuelto a presentar un recurso de súplica ante el Tribunal Constitucional para que se suspenda la tramitación del recurso contra la Ley de Amnistía hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. «Queremos evitar el choque de trenes entre el TC y el TJUE», ha explicado Gamarra, quien ha subrayado que la Comisión Europea también ha planteado alegaciones contra esta norma, que califican como una forma de autoamnistía.
El registro de la UCO al PSOE también pone en entredicho las reformas judiciales que está promoviendo el Ejecutivo. Para Gamarra, estas reformas están siendo rechazadas por jueces y fiscales porque buscan ofrecer «una tabla de salvación a Pedro Sánchez ante tanta corrupción y parar las causas abiertas contra su entorno».
Gamarra ha denunciado también el deterioro que está experimentando el Estado de derecho en España como consecuencia de la «degradación institucional y de corrupción que estamos viviendo». Según ha remarcado, esta situación está siendo «impulsada y promovida desde el propio Gobierno de España».
Uno de los casos que ejemplifica esta situación es la permanencia del fiscal general del Estado, que según el auto del Supremo estaría imputado por presuntos delitos cometidos bajo instrucciones recibidas «desde la propia Presidencia del Gobierno». «En cualquier democracia, un fiscal general imputado habría dimitido. Pero aquí el Gobierno lo sostiene porque forma parte del entramado», ha denunciado.
El registro de la UCO al PSOE ha tenido un fuerte impacto mediático y político, generando una ola de peticiones de dimisión y exigencias de responsabilidades al más alto nivel. La oposición ha insistido en que el Ejecutivo no puede seguir actuando como si nada ocurriera mientras los escándalos judiciales se acumulan.
Gamarra ha insistido en que no se trata de casos aislados, sino de un patrón de comportamiento que afecta estructuralmente al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez. «El registro de la UCO al PSOE revela una forma de ejercer el poder basada en la impunidad, el abuso de recursos públicos y el desprecio a las instituciones democráticas», ha aseverado.
Impacto internacional
Los escándalos han trascendido el ámbito nacional. «Estamos siendo portada en la prensa internacional un día sí y otro también», ha lamentado la secretaria general del PP, quien considera que la imagen de España está en juego si no se reacciona con firmeza.
El eco del registro de la UCO al PSOE en medios internacionales pone en tela de juicio la credibilidad del Gobierno y plantea un serio problema diplomático para el país, que solo podrá corregirse con un cambio de rumbo liderado por un Gobierno serio, responsable y alejado de la corrupción.
La acumulación de casos, las imputaciones de altos cargos, la presión judicial y el deterioro institucional configuran un escenario que Gamarra ha calificado como «fin de ciclo». Para la número dos del PP, «solo un nuevo mandato con respaldo popular puede limpiar esta situación y devolver la confianza a las instituciones democráticas».
