La provincia de Granada se ha convertido en el principal foco de atención dentro de la vertiente andaluza del caso Koldo en Andalucía, la investigación judicial que ha motivado la dimisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y que salpica directamente al exministro de Transportes José Luis Ábalos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ejecutado esta semana nuevos registros en tres municipios granadinos —Baza, Huétor Vega y Peligros— que apuntan a un entramado empresarial y político con ramificaciones aún por esclarecer.
Los registros fueron autorizados tras la desclasificación parcial de una pieza secreta separada de la operación principal. Esta decisión judicial permitió acceder a mensajes y documentos extraídos de dispositivos encriptados pertenecientes a Koldo García, exasesor de Ábalos y presunto intermediario de la red. Según el informe policial, el material desvelado aporta «indicios consistentes» sobre posibles adjudicaciones indebidas a cambio de comisiones.
Empresas bajo sospecha
En el centro de las investigaciones se sitúan varias sociedades con sede en Granada. Una de ellas es Áridos Anfersa, ubicada en Baza, que aparece en el informe por haber contratado a Patricia Uriz, expareja de Koldo, tras la salida de ambos del Ministerio de Transportes. La UCO señala que Uriz recibió más de 13.700 euros sin constancia de haber desarrollado actividad laboral presencial alguna. Esta contratación se habría producido en julio de 2022, coincidiendo con la creación de la UTE Motril Sur, que Anfersa constituyó junto a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR), también implicada en el caso Koldo en Andalucía.
La Guardia Civil también registró el domicilio de Antonio Fernández Menéndez, apoderado de OPR y excoordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía. La UCO sostiene que Fernández y su hermano Daniel actuaron como intermediarios con Koldo, y que su cuñado, Fernando Merino —exdirectivo de Acciona— facilitó contactos con altos cargos de Adif para conseguir adjudicaciones.
Acciona, a su vez, ha sido mencionada como una de las constructoras beneficiadas en contratos bajo sospecha, como las obras del AVE en el tramo Pulpí-Vera (Murcia-Almería) y el Puente del Centenario en Sevilla. La compañía ha expresado su «total desconocimiento» y ha iniciado una investigación interna tras conocerse el informe judicial que forma parte del caso Koldo en Andalucía.
Conexiones políticas
El caso Koldo en Andalucía también señala a dirigentes socialistas con peso en la provincia. La UCO relaciona a Antonio Fernández Menéndez con Pedro Fernández, actual delegado del Gobierno en Andalucía y secretario provincial del PSOE en Granada. Antonio fue asesor en su etapa como delegado del Gobierno en la comunidad, y su cercanía al entorno de Ábalos ha sido destacada en el sumario judicial.
Uno de los momentos clave que recoge la investigación es una cena celebrada el 6 de julio de 2021 en el Parador de Turismo de la Alhambra. A la reunión asistieron José Luis Ábalos, Koldo García y Francisco Coca, propietario de Áridos Anfersa. El encuentro tuvo lugar la víspera de la toma de posesión del socialista Paco Cuenca como alcalde de Granada, en un acto al que Ábalos acudió como representante del Gobierno.
Indicios judiciales
Tras el análisis del dispositivo de Koldo, la UCO sostiene que existen elementos suficientes para apuntar a la existencia de una organización criminal. Se han detectado pagos por al menos 13.796 euros a Patricia Uriz, movimientos bancarios sospechosos y mensajes de WhatsApp en los que se gestionaba su contratación desde la dirección de OPR.
El juez del Supremo Leopoldo Puente ha citado a declarar a Ábalos y Koldo el próximo 24 de junio. Un día después, el 25 de junio, está prevista la declaración voluntaria de Santos Cerdán, al que se atribuye participación en la red junto al exministro. La dimisión de Cerdán como secretario de Organización del PSOE y su renuncia al acta de diputado han intensificado el alcance del caso Koldo en Andalucía.
Reacciones políticas
Desde el Partido Popular, el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha pedido explicaciones al PSOE por las conexiones entre las empresas granadinas y la trama. “Queremos saber qué se ha registrado, dónde y por qué. Granada merece transparencia”, ha declarado en rueda de prensa, remarcando la gravedad del caso Koldo en Andalucía.
El PSOE ha respondido calificando las acusaciones de “falsas e infundadas”, y ha acusado al PP de manipular las investigaciones para atacar al Gobierno. En un comunicado, los socialistas han reiterado su “compromiso con la legalidad y la transparencia” y han pedido respeto por las actuaciones judiciales en curso.
El papel de Granada en el caso
Aunque en los informes judiciales no aparecen obras concretas en la provincia bajo sospecha, la presencia de empresas radicadas en Granada y la implicación de figuras políticas de la zona otorgan un papel destacado a la provincia en el caso Koldo en Andalucía.
El informe policial destaca que “la constitución de la UTE Motril Sur y la contratación de Patricia Uriz permitieron desviar la atención de OPR y canalizar los pagos a través de terceros”, en un intento de camuflar las conexiones directas con Koldo.
Con las declaraciones previstas y las nuevas pruebas bajo análisis, Granada se consolida como pieza clave en una investigación que ha sacudido el tablero político nacional y que sigue generando ramificaciones en toda Andalucía. Todo indica que el caso Koldo en Andalucía apenas comienza a desentrañar su verdadera dimensión.
