El Gobierno andaluz ha dado un paso firme hacia una Justicia accesible con la puesta en marcha de un proyecto pionero que incorpora facilitadores profesionales en todas las provincias de Andalucía. Esta iniciativa, que se enmarca en el Plan de Humanización de la Justicia, tiene como objetivo garantizar la plena participación de las personas con discapacidad en el sistema judicial, eliminando tanto barreras físicas como cognitivas.
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de este proyecto piloto que prestará el Servicio de Experto Facilitador para acompañar a personas con discapacidad inmersas en procesos judiciales, ya sea como testigos, víctimas, investigados o incluso como operadores jurídicos. Con ello, el Gobierno de Juanma Moreno refuerza su apuesta por una Justicia accesible, donde la comprensión y la comunicación eficaz sean derechos garantizados para todos los ciudadanos.
Los facilitadores son profesionales con formación especializada en accesibilidad y ajustes de procedimiento. Su misión es asegurar que las personas con discapacidad entiendan cada fase del proceso judicial y puedan expresar con claridad sus declaraciones o decisiones. Esta figura es clave para avanzar hacia una Justicia accesible que se base en la equidad y la inclusión real.
En palabras de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, se trata de un servicio que responde a una necesidad creciente dentro del ámbito judicial andaluz y que aspira a consolidarse con rango normativo mediante un decreto actualmente en preparación. Mientras tanto, el proyecto piloto permitirá evaluar su viabilidad, su coste y las posibles mejoras que puedan implementarse.
Desde principios de mes, los órganos judiciales de las ocho provincias andaluzas pueden solicitar la presencia de un facilitador cuando en el procedimiento estén implicadas personas con discapacidad. El mecanismo de activación dependerá del rol que desempeñe la persona en el proceso. Si se trata de una víctima, el caso será derivado al Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA); si su rol es otro, intervendrá la entidad adjudicataria correspondiente.
Las entidades responsables de prestar este servicio durante el piloto son Plena Inclusión Andalucía en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Málaga; la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) en Almería; y el Colegio Oficial de Trabajo Social en Sevilla.
El presupuesto inicial destinado al programa asciende a 144.000 euros, con contratos de un año prorrogables. Esta inversión inicial refleja el compromiso del Gobierno andaluz con una Justicia accesible como eje vertebrador de sus políticas de inclusión y modernización de la Administración judicial.
Un paso más en el compromiso con la accesibilidad
Esta iniciativa se suma a otras medidas que el Gobierno andaluz ha implementado para avanzar hacia una Justicia accesible. En 2023, la misma Consejería impulsó un servicio de traducción a lectura fácil de documentos judiciales, que permite a los jueces adaptar el lenguaje técnico a un formato comprensible para personas con dificultades de comprensión. Este proyecto fue reconocido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que avala la calidad y necesidad de estas políticas públicas.
Los facilitadores, además, no solo acompañan a la persona con discapacidad, sino que evalúan sus necesidades individuales y aplican los ajustes precisos para garantizar su participación activa en condiciones de igualdad. Se aseguran de que todo el proceso judicial se explique en un lenguaje claro y accesible, adaptando los tiempos, espacios y formas de comunicación.
Entre los perfiles profesionales que ejercen como facilitadores se encuentran titulados en Psicología, Derecho, Trabajo Social, Educación Social, Criminología, Terapia Ocupacional y Logopedia. Todos ellos deben acreditar formación específica en accesibilidad y estar libres de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Una Justicia más cercana y humana
El proyecto piloto de facilitadores representa una transformación profunda del modelo judicial andaluz, en línea con los principios de equidad y no discriminación. El Gobierno de Juanma Moreno, a través de la Consejería de Justicia, impulsa con esta medida una visión más humana y cercana de la Justicia, ajustada a los nuevos estándares europeos en materia de accesibilidad.
Con iniciativas como esta, Andalucía se posiciona como referente nacional en la implantación de mecanismos que hagan de la Justicia accesible una realidad tangible. Eliminar las barreras que impiden a las personas con discapacidad ejercer plenamente sus derechos es una obligación constitucional y un deber ético.
La puesta en marcha de este servicio consolida el liderazgo del Gobierno andaluz en políticas públicas de inclusión y modernización de la Justicia. A la espera de su regulación definitiva por decreto, el sistema de facilitadores se perfila como una herramienta indispensable para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
