•    La Justicia obliga al gobierno andaluz a pagar más de cuatro millones de euros a empresas receptoras de ayudas a la formación

•    La Consejería tiene que abonar toda la subvención concedida, sin haber comprobado su legalidad

•    Teresa Ruiz Sillero denuncia la “estrategia de brazos caídos” de la Junta, que ha provocado una “situación surrealista”

La portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Teresa Ruiz Sillero, ha revelado hoy la existencia de 28 sentencias condenatorias contra la Junta de Andalucía “por no revisar a tiempo los expedientes de subvenciones de Formación para el Empleo”; un hecho, a juicio de la diputada popular, “tremendamente grave”, ya que supone que la Junta tendrá que pagar más de cuatro millones de euros a empresas receptoras de ayudas a la formación, “sin que se haya comprobado la legalidad de las mismas”.

Ruiz Sillero dijo que se trata de una situación “surrealista”, en la que 22 de las sentencias favorables a las empresas corresponden al entramado del exconsejero socialista Ángel Ojeda, que tiene abiertas diversas causas judiciales en torno a la formación profesional para el empleo. “Esas empresas que han recibido ayudas que están bajo investigación judicial han presentado recursos en el juzgado para solicitar la liquidación del 25% del pago final de la subvención, y como la Junta de Andalucía no ha revisado esos expedientes ahora se condena al gobierno andaluz al pago, cantidad a la que hay que añadir el pago de los intereses y de las costas judiciales”.

En total serían 3,7 millones de euros, de los cuales 2,3 millones irían a parar al entramado empresarial de Ojeda. A estas cantidades, habría que sumar los intereses, en torno a un millón de euros, más las costas judiciales.

La portavoz de Empleo del PP Andaluz continuó diciendo que es el propio abogado de la Junta el que contesta a la Justicia pidiendo que se paralicen esas condenas, “ya que las subvenciones podrían ser declaradas ilícitas penalmente” por la Justicia. “La Justicia dice que ese asunto está siendo objeto de investigación en la macrocausa judicial, y que la Junta debe cumplir con su obligación y revisar los expedientes”, prosiguió la diputada popular, quien lamentó que no sólo “no se esté recuperando el dinero” sino que además “lo sigamos perdiendo”.

Igualmente, alertó de que a estas sentencias podrían sumarse más.

Ruiz Sillero denunció que el gobierno andaluz haya “ocultado” estas sentencias a la opinión pública, y que son, afirmó, “consecuencia de la estrategia de brazos caídos de la Junta de Andalucía”, quien tiene “expedientes sin revisar de hace más de diez años”.

Además, apuntó al “nerviosismo” de los miembros del gobierno andaluz cuando el PP critica la actuación de Susana Díaz en este asunto, “bien sea por acción o por omisión”, lo que ha provocado, continuó, “que el PSOE y Ciudadanos hayan censurado la comparecencia del Interventor General de la Junta en el Parlamento”.

En este sentido, explicó que el gobierno andaluz está incumpliendo las recomendaciones de los nueves informes y del informe de actuación de la Intervención, y que sólo se han recuperado11 millones, cuando se reclaman 149 millones. “La Junta no está cumpliendo las recomendaciones suscritas por el interventor general y no se está recuperando el dinero», apostilló.

El PP pedirá explicaciones al gobierno andaluz en la sesión de control de este jueves en el Parlamento de Andalucía.

CONDENA AL EXSECRETARIO GENERAL DE UNIVERSIDADES

Por otra parte, la diputada popular exigió  a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que ofrezca “disculpas públicas” tras la condena de un año de prisión y multa al ex secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, Francisco Triguero, por un delito de fraude de subvenciones.

Ruiz Sillero recordó que Díaz “mantuvo durante más de un año en el cargo a Triguero mientras estaba imputado, a pesar de que el Parlamento había pedido su cese a través de una iniciativa del PP que fue aprobada en la Comisión de Economía en el año 2014”.

Hizo hincapié en que “una vez más, como en el caso de los ERE o de la formación, estemos ante otro caso de fraude con subvenciones de la Junta; un fraude urdido y puesto en práctica desde el gobierno andaluz”.