La investigación de la UCO revela cómo el entorno de Montero intermediaba presuntamente favores económicos de gran calado vinculados a Ábalos y contratos vinculados a fondos públicos.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado al sumario grabaciones clave que comprometen nuevamente el entorno de Montero, centrándose ahora en su jefe de gabinete, Carlos Moreno. Los audios evidencian cómo un comisionista pedía favores vinculados a retenciones millonarias, estrechando aún más el cerco sobre Montero y su equipo ministerial.
Las presuntas maniobras del jefe de gabinete de Montero, por el que también puso la mano en el fuego
Koldo García, hombre de confianza de Ábalos y Cerdán, admitía en uno de los audios que “tiene retenidos cuatro millones y medio” del aeropuerto de Ciudad Real. El asesor indica que su interlocutor, Víctor de Aldama (representante de Rafael Gómez Arribas), pedía una reunión con Moreno para desbloquear esa suma . Las conversaciones incriminan a Montero, cuyo jefe de gabinete habría actuado a petición de favores personales.
El audio recoge cómo Koldo García explica a José Luis Ábalos, el 9 de abril de 2019, que habían logrado una cita con Moreno para tratar el tema económico. “Le he pedido a Carlos, el de Hacienda… es el jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda”, dice, señalando directamente a Montero . Esto demuestra un vínculo institucional entre altos cargos del Ministerio y la trama del aeropuerto.
Semanas después, Aldama facilitó al exministro Ábalos un contrato de arrendamiento con opción de compra de un inmueble de 282 m² en Paseo de la Castellana, valorado en casi dos millones de euros. El documento, fechado el 24 de abril de 2019, actuaba como garantía de la supuesta entrega de comisiones provenientes de contratos públicos . El acuerdo pone en evidencia cómo la influencia del entorno de Montero traspasaba lo administrativo para mediar pactos de carácter personal.
El jefe de Gabinete de Montero también gestionó en ese periodo un aplazamiento del embargo de una de las sociedades de Aldama, Pilot Real Estate, que debía casi un millón de euros a la Agencia Tributaria. Según los audios, Moreno habría dicho: “antes de hacer ningún movimiento, tiene que hablar con su jefa, que es Montero” . La implicación directa del gabinete ministerial añade gravedad a la trama.
La libreta de las presuntas mordidas
Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias tras la denuncia de Manos Limpias contra José Antonio Marco Sanjuán, el ‘tres’ de Montero, por un esquema de pago de presuntas mordidas en sobres, con una libreta donde se anotaban las cifras entregadas . Esta investigación dobla el riesgo político y judicial para Montero, al implicar directamente a miembros de su equipo cercano.
Los presuntos delitos investigados incluyen cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y actividades prohibidas a funcionarios, con penas que pueden alcanzar hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación . La ampliación de la causa amenaza con extenderse hasta involucrar formalmente a Montero, si se consolidan los indicios de implicación.
El PP de Andalucía ha exigido una explicación urgente ante el evidente vínculo entre la trama y Montero, quien habría estado al tanto de las gestiones relativas a la retención de cuatro millones y el arreglo del piso para Ábalos. Desde el PSOE sostienen que no existe imputación directa contra la ministra y defienden que las diligencias están en fase preliminar, subrayando la colaboración activa del entorno de Montero con la Justicia.
Aunque los hechos se desarrollan a nivel nacional, el PP de Andalucía advierte que el impacto institucional afecta a la confianza ciudadana. Reclaman aplicar controles y mecanismos de transparencia similares en la gestión autonómica para evitar que casos como este empañen también la credibilidad de las administraciones regionales.
Puntos clave del caso
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Cuatro millones y medio retenidos por el aeropuerto de Ciudad Real, con gestión a través del jefe de gabinete de Montero.
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Contrato de arrendamiento a Ábalos en la Castellana con opción a compra vinculada a favores institucionales.
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Embargo aplazado para la sociedad de Aldama con intervención de Moreno y visto bueno de Montero.
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Mordidas en sobres y libreta utilizada por el ‘tres’ de Montero para registrar pagos.
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Delitos investigados: cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y actividad prohibida.
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Riesgo reputacional andaluz, alertado por el PP regional, que exige transparencia.
El cerco judicial sobre Montero se ha cerrado definitivamente con la aportación de audios, contratos y denuncias.
La combinación del caso del exministro Ábalos y la investigación al ‘tres’ del Ministerio de Hacienda deja a la ministra en la diana. En las próximas semanas, la fase de instrucción definirá si los indicios son suficientes para imputarla directamente.
