La aplicación del IRPF a quienes perciben el salario mínimo interprofesional (SMI) ha generado preocupación en Andalucía, donde más de 500.000 trabajadores se ven afectados por esta medida. Según diversos sectores económicos y sociales, este cambio supone un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos y en el equilibrio financiero de pequeños empresarios. «Un sablazo donde más duele, en el bolsillo de los andaluces, de los empresarios que pagan esta subida y de los ciudadanos que menos cobran«, ha asegurado Adolfo Molina, presidente del PP de Córdoba.
Desde diferentes ámbitos, se ha puesto de manifiesto que Hacienda recaudará una parte significativa del aumento salarial derivado del SMI a través del IRPF, lo que, sumado a la inflación, está reduciendo el poder adquisitivo de miles de andaluces. «Montero se va a llevar más de la mitad de esa subida que, unido al incremento del coste de la vida a causa de la inflación, deja a los andaluces y a los cordobeses con menos poder adquisitivo que antes, mientras que el Gobierno aumenta la recaudación fiscal a costa de empresarios y trabajadores mediante el IRPF». Esta situación ha reavivado el debate sobre el modelo de financiación autonómica, ya que Andalucía pierde anualmente más de 1.500 millones de euros, recursos que podrían destinarse a la mejora de los servicios públicos que merecen los andaluces.
Subida del IRPF: impacto en el tejido empresarial
La carga fiscal también afecta al tejido empresarial andaluz, especialmente a los pequeños y medianos empresarios, que ven cómo el aumento de costes laborales y fiscales, incluyendo el IRPF, limita su capacidad de inversión y generación de empleo. Se destaca que, mientras otras regiones han logrado aliviar la presión fiscal sobre sus empresas, en Andalucía el peso impositivo sigue siendo una preocupación recurrente. «El PSOE desprecia al tejido empresarial andaluz y cordobés, que tendrá que soportar con mayor intensidad el hachazo fiscal encubierto que quiere dar la señora Montero a través del IRPF«.
A pesar de este escenario, los datos reflejan un crecimiento sostenido en Andalucía. Las reformas implementadas por el Gobierno de Juanma Moreno en los últimos años han permitido la creación de empleo y el aumento del número de autónomos, lo que ha favorecido la consolidación económica y la atracción de nuevas inversiones.
El caso específico de Córdoba
En la provincia de Córdoba, el efecto de esta medida se hace sentir de manera particular. Se han identificado diversas iniciativas que podrían verse afectadas por la reducción del poder adquisitivo y el aumento de la presión fiscal mediante el IRPF. Entre ellas, destacan inversiones en infraestructuras como las depuradoras de aguas residuales de Valenzuela y Albendín, que suman un presupuesto de más de 8 millones de euros.
Además, en el ámbito judicial y de seguridad, se ha resaltado la importancia del acuerdo entre la Consejería de Justicia y el Ayuntamiento de Baena para la mejora de infraestructuras. Este proyecto permitirá la construcción de una nueva sede judicial y la reubicación de la Policía Local, beneficiando la atención ciudadana y la eficiencia de los servicios públicos. «El gobierno de Juanma Moreno no entiende de colores políticos, entiende que hay que prestar el mejor servicio al ciudadano mientras que el gobierno de Pedro Sánchez utiliza las instituciones para comprar Alcaldías como la de Jaén usando el Ministerio de Hacienda y los recursos públicos».
Infraestructuras pendientes en Córdoba
Uno de los puntos que genera mayor inquietud en la región es la conversión en autovía de la N-432, un proyecto que se considera esencial para mejorar la conectividad entre Córdoba, Granada y Badajoz. Señalan que, a pesar de los compromisos adquiridos en legislaturas anteriores, la infraestructura sigue sin avances significativos, afectando la competitividad y el desarrollo de la región. «La autovía de la N-432 está metida en un cajón, se han dejado morir los estudios e informes, y ni siquiera han respondido a las alegaciones en el tramo Badajoz-Espiel».
Con estos antecedentes, la situación fiscal en Andalucía es un agravio más de la señora Montero y su jefe Pedro Sánchez. Mientras sectores económicos y ciudadanos abogan por una revisión del sistema impositivo y del modelo de financiación, el impacto de las decisiones fiscales continúa marcando la realidad económica de la comunidad.
