El Consejo de Gobierno de Juanma Moreno aprueba este martes el decreto que regula la creación del primer observatorio público de justicia juvenil en Europa. Esta iniciativa permitirá a la comunidad autónoma ser la primera región española con un organismo especializado en analizar las infracciones y delitos cometidos por menores, identificar sus causas y desarrollar soluciones adaptadas mediante herramientas estadísticas.
Un proyecto pionero frente a la problemática de los menores infractores
La creación de este observatorio se enmarca en un contexto donde sucesos recientes han puesto el foco en la participación de menores en delitos violentos, como el reciente apuñalamiento entre adolescentes en Córdoba. Aunque los delitos de sangre son excepcionales en este grupo de edad —los más frecuentes son los robos y las lesiones—, este tipo de incidentes refuerzan la necesidad de un análisis profundo sobre la eficacia de las medidas de reinserción.
Desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública destacan que Andalucía es referente mundial en la reeducación de menores con comportamientos violentos, logrando una tasa de éxito del 80 %. Este liderazgo ha llamado la atención de diversos fiscales de países sudamericanos y europeos —como Francia y Bélgica—, quienes han visitado nuestra tierra para estudiar sus prácticas.
A nivel europeo, solo Bélgica cuenta con un observatorio de justicia juvenil, aunque este está gestionado por una entidad privada. El andaluz, en cambio, será totalmente público y ofrecerá información más detallada y adaptada a la evolución de los patrones delictivos.
Un organismo con estructura clara y objetivos definidos
El nuevo decreto detalla la estructura del observatorio de justicia juvenil, que contará con José Antonio Nieto y Ana María Corredera como presidente y vicepresidenta, respectivamente. El organismo incluirá también vocalías en representación de la Administración del Gobierno de Juanma Moreno, como el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, los responsables de los Institutos Andaluces de la Juventud y de la Mujer, así como representantes de la carrera judicial, la Fiscalía Superior de Andalucía, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca), los ayuntamientos y la universidad.
El observatorio se nutrirá inicialmente del programa Prisma, que gestiona la justicia juvenil en la comunidad. Además, se habilitará una página web para que los informes generados estén disponibles al público, salvaguardando los datos personales.
Un enfoque en la reinserción y la colaboración multidisciplinar
Uno de los principales objetivos del observatorio de justicia juvenil es convertirse en un punto de encuentro para expertos —psicólogos, educadores, profesores— que puedan aportar sus conocimientos a grupos de trabajo periódicos. El órgano colegiado se reunirá anualmente, salvo convocatorias extraordinarias.
Este nuevo organismo surge cuando se cumplen 25 años de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que establece medidas de internamiento o de medio abierto en función del caso. Este último régimen ha ganado peso en los últimos años debido a su mayor eficacia en la reinserción.
El medio abierto incluye trabajos en beneficio de la comunidad y estancias en grupos de convivencia con educadores. Durante estos programas, los menores adquieren habilidades para asumir responsabilidades, algo que en muchos casos no han aprendido en su entorno familiar. Además, se trabaja también con sus familiares para evitar que los comportamientos violentos se reproduzcan.
La justicia juvenil en cifras
El Gobierno de Juanma Moreno cuenta con diecisiete grupos educativos y ocho servicios integrales que gestionan las medidas de medio abierto. Actualmente, más de doscientos ayuntamientos y entidades colaboran como receptores de los trabajos en beneficio de la comunidad.
Durante el primer semestre de 2024, 3.295 menores andaluces cumplieron medidas en medio abierto, de los cuales 2.702 eran chicos y 593 chicas. En comparación, 861 menores permanecieron en régimen de internamiento, siendo las chicas solo el 13 % del total.
Los delitos más comunes entre menores son los relacionados con lesiones y patrimonio (robos o hurtos), seguidos de los delitos contra la integridad moral. Casos más graves, como el reciente asesinato en Córdoba, implican necesariamente medidas de internamiento, que pueden alcanzar hasta seis años.
Descenso en el número de menores internados
En los últimos diez años, Andalucía ha experimentado una caída del 50 % en el número de menores internados. Si en 2014 se contabilizaban 914 menores en esta situación, en 2023 la cifra se redujo a 593. En paralelo, el medio abierto también ha disminuido, pasando de 3.833 casos en 2014 a 2.572 en 2023.
En total, la justicia juvenil ha gestionado 41.300 casos en la última década. Este volumen de datos será analizado por el nuevo observatorio, que permitirá identificar patrones y proponer mejoras en el sistema. Según lo previsto, el organismo estará operativo en un plazo de seis meses.
