La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha dado un paso decisivo en el procedimiento penal que investiga la presunta creación irregular de una plaza pública en la Diputación de Badajoz a favor del hermano de Pedro Sánchez. La magistrada ha procesado al músico David Sánchez —nombre artístico: David Azagra— junto a otros once altos cargos, incluidos el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, y el exasesor de Moncloa Luis Carrero, por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
“El hermanísimo”, como lo apodaban internamente en correos y comunicaciones internas según la investigación, habría sido el destinatario final de una maniobra institucional orquestada por el entorno más cercano del presidente del Gobierno. La juez considera que la plaza fue creada «a medida» y sin cumplir los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad, vulnerando así la legalidad administrativa.
“No puede permitirse que una persona, sea quien sea, desarrolle sus aspiraciones profesionales utilizando recursos públicos”, subraya la juez Biedma en su auto.
Un puesto creado “por urgencia” para el hermano de Pedro Sánchez
Los hechos se remontan a mayo de 2017, cuando David Sánchez estaba en situación de desempleo tras finalizar un máster. Según el auto judicial, la entonces diputada de Cultura Cristina Núñez y la directora del área, Elisa Moriano, solicitaron cubrir de forma urgente el puesto de coordinador de los conservatorios de música de la provincia. Dos días después, se publicaron las bases de la convocatoria, que el hermano de Pedro Sánchez ganó con una puntuación de 90 sobre 100.
Correos incautados por la UCO revelan que semanas antes de la publicación oficial, se hablaba del proceso como un trámite para adjudicar la plaza a quien internamente ya era conocido como “el hermanísimo”. Evaristo Valentí, director del Conservatorio Bonifacio Gil, compartió las bases con una compañera bajo ese asunto. Los testimonios de otros aspirantes y del entorno institucional apuntan a que la decisión estaba tomada desde el inicio.
Uso de influencias y favores desde Moncloa
Además del acceso a su puesto, la juez investiga cómo el hermano de Pedro Sánchez habría utilizado su posición para facilitar la contratación en 2024 del exasesor de Moncloa Luis Carrero, con quien mantenía una estrecha relación personal y profesional. Carrero, según los correos intervenidos, le prestaba apoyo y gestiones antes incluso de ser oficialmente contratado.
En octubre de 2023, David Sánchez le escribía a Carrero sobre su inminente incorporación a la Diputación, afirmando que “cuando te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo”. Esta comunicación tuvo lugar antes de que la plaza fuese publicada oficialmente, lo que refuerza los indicios de adjudicación dirigida.
Declaraciones clave e intervención de Pedro Sánchez
Uno de los elementos más relevantes de la instrucción es la declaración de Ricardo Cabezas, diputado de Cultura y entonces secretario general del PSOE en Badajoz. Cabezas reconoció ante la juez que Pedro Sánchez le habló de su hermano y de su situación laboral en 2017, mientras trataba de recuperar el liderazgo del partido. Aunque negó haber intervenido en el proceso de contratación, su testimonio añade peso a la idea de que el hermano de Pedro Sánchez ya era considerado para el cargo antes de abrirse el procedimiento oficial.
Obstáculos a la investigación y falta de transparencia
La instructora ha reprochado duramente la actitud de la Diputación de Badajoz durante la instrucción. “Han dificultado la investigación, omitiendo documentación clave”, denuncia Biedma. Según el auto, varios requerimientos fueron necesarios para obtener información básica sobre el procedimiento de adjudicación.
Además, una modificación posterior del cargo permitió que el hermano de Pedro Sánchez pasara a ser jefe de la Oficina de Artes Escénicas, sin descripción de funciones y sin negociación sindical válida, según la juez. El cambio supuso una mejora en condiciones y retribuciones, lo que también está bajo sospecha.
La juez considera que todo el procedimiento fue una simulación de legalidad, cuyo fin real era garantizar la contratación del hermano del presidente del Gobierno y, posteriormente, del exasesor Carrero. En este sentido, destaca el uso de correos electrónicos, declaraciones testificales y documentos internos como pruebas fundamentales.
También es llamativo el testimonio de un ciudadano que alquiló a David Sánchez un apartamento a través de Airbnb en junio de 2017. El contacto se produjo un día antes de que hiciera la entrevista para la plaza, lo que confirmaría que el músico ya sabía que iba a obtener el puesto.
A un paso del banquillo
La magistrada Biedma ya ha dictado auto de procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral, y sostiene que existen indicios sólidos de prevaricación y tráfico de influencias por parte del hermano de Pedro Sánchez, además de otras once personas implicadas.“Se creó una apariencia de legalidad administrativa con el único propósito de favorecer al hermano del líder del PSOE”, concluye la juez.
La situación judicial del hermano del presidente del Gobierno se complica, con un posible juicio en el horizonte que podría sentar en el banquillo a varios altos cargos de la Diputación y a colaboradores cercanos a Moncloa. La investigación judicial deja en entredicho el uso de las instituciones públicas por parte de quienes ostentan el poder para fines personales o familiares.
