El Gobierno de Pedro Sánchez ha asestado un nuevo golpe al sector primario al bloquear 700 millones de euros en ayudas al campo, una decisión que agrava aún más la crítica situación que viven agricultores y ganaderos en toda España, y de forma especial en Andalucía. El Ejecutivo socialista ha utilizado su capacidad de veto en el Senado para impedir la tramitación de la Ley de Fiscalidad Agraria impulsada por el Partido Popular, que contemplaba un paquete de medidas urgentes para aliviar la presión fiscal y económica que ahoga al campo.
El veto del Gobierno se justifica en un supuesto desfase presupuestario cercano a los 650 millones de euros, una cifra que contrasta con los más de 97 impuestos y cotizaciones que el propio Sánchez ha subido desde su llegada a La Moncloa. Mientras se destinan miles de millones a otros fines, el Ejecutivo niega a los agricultores y ganaderos unas ayudas al campo que podrían haber sido la tabla de salvación para un sector en caída libre.
El Gobierno de Sánchez da la espalda al campo en su peor momento
Lejos de atender las demandas de un sector que lleva años pidiendo auxilio, Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar su falta de compromiso con el campo español y andaluz. La agricultura y la ganadería se enfrentan a una situación insostenible, con un incremento continuo de los costes de producción, la competencia desleal de productos de terceros países y unas exigencias burocráticas que entorpecen cualquier intento de supervivencia.
A pesar de ello, el Gobierno no solo ha ignorado estas reivindicaciones, sino que ha vetado ayudas al campo por valor de 700 millones de euros, una propuesta que habría beneficiado de manera directa a 800.000 trabajadores del sector agrario, rescatándolos, en palabras del PP, «del infierno fiscal» al que los ha condenado el Ejecutivo socialista.
El PP denuncia el desprecio del Gobierno al sector agrario
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha calificado el veto del Gobierno de Sánchez como «una agresión directa al campo español», señalando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por asfixiar aún más a los agricultores y ganaderos, mientras presume de sensibilidad social en otros ámbitos. García ha recordado que desde 2018 la renta agraria solo ha aumentado un 11,2%, mientras el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha crecido un 20,6%. Además, el sector ha perdido 118.000 empleos desde el cuarto trimestre de 2021, según la Encuesta de Población Activa.
El número de explotaciones agrarias sigue disminuyendo y el relevo generacional en el campo andaluz está prácticamente roto, según denuncian los propios profesionales del sector. El Partido Popular sostiene que la falta de ayudas al campo y el castigo fiscal al que está sometido el sector agrario por parte del Gobierno de Sánchez amenazan seriamente el futuro de la agricultura y la ganadería en España, especialmente en Andalucía.
Medidas que habrían salvado al sector, vetadas sin debate
La Ley de Fiscalidad Agraria del PP incluía un conjunto de propuestas que habrían supuesto un respiro inmediato para el campo, pero el Gobierno de Sánchez ha impedido siquiera su debate. Entre las medidas vetadas, se encontraba la ampliación del umbral de ingresos para acogerse al régimen especial de tributación de los agricultores y ganaderos, que pasaría de 250.000 a 325.000 euros, y la elevación del umbral de gastos de 150.000 a 250.000 euros para facilitar el método de estimación objetiva en el IRPF.
Estas ayudas al campo, junto a una revisión al alza de los porcentajes de compensación por el IVA soportado y repercutido, reforzarían el régimen especial de reintegro para el sector durante los ejercicios 2025 y 2026. Con ello, los agricultores y silvicultores pasarían a recibir un 13,5% de reintegro frente al actual 12%, y los ganaderos, un 12% frente al 10,5% vigente.
Sánchez frena la modernización y la sostenibilidad del campo
Otra medida bloqueada por el Ejecutivo es la deducción del 100% del IVA sobre el exceso de inversión en maquinaria o medios de explotación de los últimos tres años, lo que habría incentivado la modernización y la competitividad de las explotaciones agrarias. Esto hubiera permitido a agricultores y ganaderos apostar por tecnologías más eficientes y sostenibles, facilitando su adaptación a los retos climáticos y de mercado.
Además, el PP propuso mayor flexibilidad en el cálculo de los umbrales de facturación de las explotaciones y la deducción del 25% de las cuotas por seguros agrarios, fundamentales para protegerse frente a fenómenos adversos. Ninguna de estas iniciativas será posible tras el veto socialista, una decisión que el PP considera incomprensible y profundamente injusta.
El campo andaluz, abandonado por el Gobierno central
En Andalucía, el campo vive una de sus peores crisis en décadas. Los profesionales denuncian la falta de apoyo por parte del Gobierno de Sánchez, mientras otras comunidades reciben un trato preferente en el reparto de fondos. El Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha reiterado que no puede suplir la ausencia de una política estatal de apoyo al campo, aunque no va a parar impulsando medidas propias para intentar paliar los efectos de la crisis.
El campo andaluz es un motor económico esencial, pero también es un garante de la cohesión territorial y el mantenimiento de la población en zonas rurales. Sin embargo, el abandono por parte del Gobierno central agrava el éxodo rural y el deterioro del tejido productivo en numerosas comarcas.
El Gobierno andaluz continúa apoyando al campo frente al abandono de Sánchez
Mientras el Gobierno de Sánchez sigue dando la espalda al campo, el Gobierno de Andalucía ha reforzado su compromiso con el sector primario. Entre las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Juanma Moreno destacan los programas de modernización de explotaciones, el apoyo a los jóvenes agricultores y ganaderos, el impulso a la digitalización agraria y las ayudas para mejorar el acceso al agua de riego.
El compromiso del Gobierno andaluz contrasta con el desprecio del Ejecutivo de Sánchez, que con su veto ha dejado sin efecto unas ayudas al campo que habrían sido fundamentales para asegurar el futuro del sector agrario, no solo en Andalucía, sino en toda España.
