• Andalucía recibirá un 34% menos que Cataluña pese a ser el primer sistema universitario público de España
  • Ante la alternativa de la ministra de que Andalucía no reciba nada, el Gobierno andaluz asume el reparto de la financiación por responsabilidad y para evitar penalizar a las instituciones públicas andaluzas

El Gobierno de Sánchez sigue generando agravios a nuestra comunidad. Esta vez lo hace con el reparto de la financiación estatal en el marco del Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas.

En este sentido, Andalucía va a recibir del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades un 33,68% menos que Cataluña para financiar las plazas de profesorado ayudante doctor en seis años, a pesar de ser el primer sistema universitario público del territorio español. Pese a ello, el Gobierno de Juanma Moreno ha aceptado los criterios de reparto de esta financiación «por responsabilidad y para evitar penalizar a las instituciones públicas andaluzas«, ha explicado el secretario general de Universidades, Ramón Herrera.

En el periodo en el que durarán esos contratos, Andalucía percibirá 126 millones de euros para cubrir 468 profesores de esta categoría, mientras que el Gobierno central transferirá a Cataluña 190 millones para 705 perfiles, lo que supone 64 millones menos. Un claro agravio más a nuestra tierra.

La alternativa propuesta por la ministra Diana Morant es no recibir absolutamente nada. A pesar de no estar de acuerdo con este procedimiento y los criterios impuestos por el Ministerio, que perjudican a las universidades públicas andaluzas, la Consejería de Universidad ha asumido el reparto para evitar colocar al sistema universitario andaluz en una situación de desventaja con respecto al resto.

El Gobierno andaluz propuso a la ministra Morant casi 900 plazas de profesores ayudantes doctores para afrontar la implantación de la LOSU en Andalucía. La respuesta del Gobierno de Sánchez no solo ha sido establecer una plantilla de que no cubre las necesidades reales de las instituciones de educación superior, sino que ha reducido considerablemente su responsabilidad financiera en este programa trasladándola al conjunto de las autonomías. Casi el 40% de estas plazas serán costeadas con recursos del Ejecutivo andaluz.

Esa doble carga de financiación supone un sobrecoste insostenible e inasumible para las autonomías, sobre todo para Andalucía, que ya sufre una infrafinanciación de 1.400 millones de euros anuales y pese a lo cual continúa siendo la región que más recursos destina a educación superior en relación con su PIB.

En todo caso, desde la Consejería de Universidad se ha insistido en «la improvisación y oportunismo» del Gobierno central con esta medida, creada para subsanar un problema generado por ellos mismos con la aprobación de una Ley que, en poco más de un año, lleva ya dos modificaciones importantes: la reprogramación aplicada a los criterios del Personal Docente e Investigador o los nuevos criterios para la implantación de las universidades privadas.