Sánchez vuelve a demostrar su doble vara de medir. Mientras mantiene bloqueadas reivindicaciones históricas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ha destinado 1.512 millones de euros a las Policías autonómicas de Cataluña, País Vasco y Navarra en los últimos seis años. Un trato desigual que, según denuncian los sindicatos policiales, responde a la necesidad del presidente del Gobierno de contentar a sus socios independentistas.
El dato más llamativo es que el 91,7% de ese presupuesto ha ido a parar directamente a los Mossos d’Esquadra, que han recibido más de 1.386 millones de euros desde 2019. Una cifra que contrasta de forma escandalosa con el abandono que sufren los cuerpos policiales estatales, a los que Sánchez niega una equiparación salarial real, mejoras en las condiciones de jubilación y reconocimiento como profesión de riesgo.
Millonaria financiación para Mossos, Ertzaintza y Policía Foral
Desde 2021, el Ejecutivo ha transferido a los Mossos cantidades que ascienden a:
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452,1 millones en 2021
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382,3 millones en 2022
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418,6 millones en 2023
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133,7 millones hasta noviembre de 2024
“Todos los españoles estamos costeando una Policía que atiende a una sola comunidad autónoma”, denuncian desde la Confederación Española de Policía (CEP), que cifra en 1.218 millones el gasto solo en aumento de plantilla.
El agravio no termina ahí. Desde 2022, el Gobierno también asume el coste de las cotizaciones recargadas por la jubilación anticipada de los Mossos, un privilegio que suma 125,6 millones de euros. A la Ertzaintza se le han transferido 103,2 millones desde 2019 por este mismo concepto, y a la Policía Foral de Navarra, 7,77 millones desde 2022.
En paralelo, en 2023 se asignaron otros 43 millones de euros a los Mossos para actuaciones de transición energética en edificios y vehículos policiales. Una “lluvia de millones” que Sánchez reparte con generosidad entre las Policías autonómicas mientras desoye las necesidades básicas de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Equiparación salarial y jubilación digna: promesas incumplidas de Sánchez
Mientras Sánchez financia a las Policías autonómicas, mantiene paralizada la equiparación salarial entre cuerpos autonómicos y estatales. A pesar de los múltiples compromisos adquiridos desde 2018, las diferencias salariales persisten, generando frustración y agravio entre los agentes estatales, que desempeñan las mismas funciones con menos recursos y peores condiciones.
Además, el reconocimiento de Policía Nacional y Guardia Civil como profesiones de riesgo —clave para acceder a la jubilación anticipada sin merma económica— sigue sin materializarse. Desde 2023, ni el Ministerio del Interior ni el de Seguridad Social han dado explicaciones sobre el informe que debía acreditar esta condición, pese a las reiteradas peticiones del Defensor del Pueblo y los sindicatos policiales.
Han pasado ya 20 meses sin noticias de ese estudio.
Un conflicto colectivo y un desprecio constante
La falta de avances ha llevado a la Confederación Española de Policía a declarar un conflicto colectivo permanente desde hace once meses. No participan en las reuniones del Consejo de Policía, como muestra de rechazo al desprecio sistemático de Grande-Marlaska y del propio Sánchez a sus reivindicaciones.
“El ministro del Interior debe cesar o ser cesado cuanto antes. Hoy, mejor que mañana”, afirman desde la CEP.
Los agentes reclaman una jubilación digna, mayor protección física y jurídica frente a agresiones crecientes, y una consideración legal acorde a la peligrosidad de su trabajo. Mientras tanto, Sánchez sigue sin mover ficha y opta por bloquear cualquier iniciativa legislativa que busque corregir esta discriminación.
21 aplazamientos para no reconocer la profesión de riesgo
Un ejemplo claro de esta estrategia de bloqueo es la Proposición de Ley presentada en el Congreso para modificar la Ley General de la Seguridad Social, con el objetivo de incluir a Policía Nacional y Guardia Civil entre los colectivos con coeficiente reductor de la edad de jubilación. El PSOE, bajo las órdenes de Sánchez, ha solicitado hasta 21 prórrogas para la presentación de enmiendas, impidiendo el avance de esta medida.
Según denuncian desde el sindicato Equiparación Ya (EYA), presidido por Natan Espinosa, ni siquiera se ha informado sobre si se han iniciado los estudios requeridos por el Real Decreto 1698/2011. El Ejecutivo, alegan, “juega al despiste con los agentes”, bloqueando sistemáticamente cualquier paso que implique reconocer sus derechos.
El objetivo es evidente: evitar el coste económico de mejorar las condiciones de Policía Nacional y Guardia Civil, mientras Sánchez sigue premiando a sus socios nacionalistas con financiación y prebendas.
Una cuestión de justicia y seguridad
Con los 1.512 millones repartidos a Mossos y ertzainas, el Gobierno podría haber comprado 1,6 millones de chalecos antibalas o 386.000 táser de última generación. Incluso se podría haber financiado el programa de Acción Social de la Policía Nacional durante 135 años o reformado todas las comisarías del país.
Pero nada de eso ha hecho Sánchez. En lugar de invertir en seguridad para todos los españoles, ha preferido contentar a quienes cuestionan la unidad del Estado y la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La discriminación es evidente y el agravio, intolerable. La equiparación salarial, la jubilación digna y la protección jurídica de los agentes no pueden seguir esperando. Sánchez debe rectificar de inmediato y dejar de utilizar a las Fuerzas de Seguridad como moneda de cambio política.
