La simplificación administrativa es una de las grandes demandas del tejido empresarial y de la sociedad andaluza en su conjunto. Este decreto supone un avance significativo en la eliminación de trabas burocráticas, permitiendo agilizar trámites y fomentar la inversión en Andalucía. Gracias a esta medida, nuestra tierra sigue avanzando en el desarrollo económico y la modernización de la administración pública.
El Tribunal Constitucional ha avalado en su mayor parte el Decreto-ley 2/2020 de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, aprobado por la Junta en marzo de 2020. La norma, que fue convalidada durante el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19, fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado el PSOE, que impugnaban 23 de los 29 artículos del decreto. Sin embargo, la sentencia del Constitucional solo ha declarado inconstitucionales cuatro de estos artículos, lo que permite que el resto de la norma siga vigente sin modificaciones.
Decreto simplificación administrativa: el fallo del Constitucional
El recurso presentado por el PSOE alegaba que el decreto incurría en un «vicio de inconstitucionalidad» en su totalidad. No obstante, el Tribunal ha descartado esta afirmación y ha reconocido la validez del decreto en casi su totalidad. La única excepción son cuatro artículos que han sido anulados por no justificarse adecuadamente la necesidad de legislar mediante decreto-ley en esas materias.
El PSOE fracasa en su estrategia
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha celebrado la sentencia y la ha calificado de «gran victoria», ya que el Constitucional «tumba la intención de los denunciantes de anular el decreto, que sigue vigente». Sanz ha subrayado que el recurso del PSOE pretendía la nulidad total de la norma, pero el tribunal ha avalado la mayor parte del texto.
«El PSOE planteaba la impugnación de 23 de los 29 artículos del decreto, y el TC solo considera inconstitucionales cuatro artículos de asuntos que se pueden subsanar sin modificar ni afectar al contenido del decreto. De las 94 páginas de BOJA del decreto, esos cuatro artículos ocupan cinco páginas», ha destacado el consejero.
El Constitucional rechaza la impugnación del PSOE
La sentencia también desestima la impugnación del PSOE respecto a la convalidación del decreto en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía el 2 de abril de 2020. El recurso argumentaba que esta convalidación era inconstitucional, ya que la convocatoria de la Diputación Permanente durante un periodo ordinario de sesiones no estaba expresamente prevista en el Reglamento del Parlamento. Sin embargo, el Constitucional ha señalado que la convocatoria contó con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios y que se realizó para garantizar el funcionamiento legislativo en plena crisis sanitaria.
Asimismo, el tribunal ha desechado la argumentación socialista sobre la supuesta falta de justificación de la «extraordinaria y urgente necesidad» para legislar mediante decreto-ley. En su fallo, el Constitucional recuerda que la adopción de medidas de simplificación administrativa mediante legislación de urgencia ha sido reconocida en reiteradas ocasiones por la doctrina constitucional.
El PSOE juega en contra de Andalucía y la vida de los andaluces
El PSOE sigue empeñado en jugar en contra de Andalucía y en poner más trabas a la vida de los andaluces. Una estrategia que «ha fracasado de manera clamorosa en su intento por tumbar una de las medidas más reformistas y estratégicas del nuevo Gobierno, que es la simplificación administrativa, no solo avalada ahora por el TC, sino también imitada por otras comunidades autónomas«, ha afirmado Sanz.
El Decreto-ley 2/2020 es una de las normas clave del Gobierno andaluz para reducir la burocracia y facilitar la actividad económica en la comunidad. Su objetivo es agilizar trámites, eliminar trabas administrativas y fomentar la inversión. La sentencia del Tribunal Constitucional refuerza la mayor parte de la norma y avala su aplicación en términos generales, lo que supone un respaldo a la política de simplificación impulsada por la Junta.
A pesar del intento del PSOE de anular la norma, el Gobierno de Juanma Moreno mantiene su apuesta por la simplificación administrativa, una estrategia que ya ha sido replicada en otras comunidades autónomas y ha facilitado la reactivación económica en Andalucía.
