• El Gobierno de la Nación informa a la juez del caso que sí existía un procedimiento administrativo para prejubilaciones de 2001 a 2011 que la Junta no aplicó

El vicesecretario de Sectores Productivos del PP Andaluz, Pablo Venzal, ha considerado hoy que «la ilegalidad de los ERE de la Junta de Andalucía ha quedado al descubierto» después de que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social haya explicado que se podían otorgar estas ayudas aplicando un procedimiento administrativo reglado.

Un informe de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social aportado al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga el ‘caso ERE’ por un fraude millonario en Andalucía, relata que, «si el PSOE hubiera querido, las ayudas de la Junta podrían haberse otorgado ajustándose a la legalidad», ha señalado Venzal.

Según ese informe, el Gobierno otorgó ayudas para prejubilaciones entre 2001 y 2011 aplicando los requisitos de la Orden Ministerial del 5 de abril de 1995, «un procedimiento administrativo que la Junta, en cambio, ignoró, otorgando las ayudas con arbitrariedad, a quien consideraba, sin comprobar que cumpliera los requisitos», ha afirmado el vicesecretario del PP Andaluz responsable de los asuntos jurídicos. «Resulta paradójico -ha añadido Venzal- que esa Orden Ministerial fuera rubricada por José Antonio Griñán, como ministro de Trabajo y Seguridad Social, y que después se la saltara en Andalucía, primero como consejero de Economía y Hacienda y, después, como presidente de la Junta».

«El escándalo de los ERE se basa en la ausencia de procedimiento administrativo reglado, no de concurso, para otorgar las ayudas», ha explicado Venzal, mientras que el informe del Ministerio demuestra «que sí había un procedimiento administrativo que se podía haber aplicado, pero que el PSOE no quiso aplicar en Andalucía».

En este sentido, ha recordado que la Junta de Andalucía otorgaba las ayudas «sin solicitud, sin comprobar requisitos, sin abrir expedientes administrativos y sin fiscalización previa ni posterior hasta el punto de que había ayudas de las que sólo constaba un pósit».

«Si se hubiera aplicado cualquier orden o base reguladora, como hizo el Ministerio, sí habría habido expedientes administrativos, fiscalización y comprobación, con lo que el fraude no habría sido posible», según el vicesecretario del PP Andaluz.

Con este informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, según Venzal, «a la Junta de Andalucía se la cae una de las pocas coartadas que le quedaban para justificar un escándalo injustificable».

Finalmente, emplazó al gobierno andaluz y al PSOE a explicar, «de una vez por todas, cuánto dinero de los ERE ha dado por irrecuperable y a quién va a exigir las responsabilidades por haber perdido ese dinero».