• La iniciativa parlamentaria aprobada en sesión plenaria logra que se inste al Ejecutivo del PSOE a convocar el CPFF para abordar el sistema de financiación
• “Montero decía hace 700 días, como consejera, que era una cuestión en la que no se podía perder más tiempo; y desde hace 400 días, como ministra, ya no hace nada”
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular Andaluz, Pablo Venzal, ha valorado la aprobación de una proposición no de ley presentada por el PPA y Cs al Pleno de la Cámara autónomica para reclamar al Gobierno de Sánchez que page los 1.350 millones retenidos que adeuda con Andalucía y convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar un nuevo sistema de financiación.

Venzal ha defendido las reclamaciones que el Partido Popular Andaluz viene realizado, “siempre manteniendo el mismo criterio”, para que se aborde un nuevo sistema de financiación autonómica en el CPFF y para que el Gobierno de Sánchez deje de retener los 1.350 millones de euros ya recaudados que pertenecen a los andaluces.
En cambio, ha acusado al PSOE de “haber cambiado” y ha explicado que “hace 700 días Montero, como consejera de Hacienda, decía que no teníamos tiempo que perder en abordar la financiación autonómica, y ahora como ministra, desde hace 400 días, no ha hecho nada”.

“El Gobierno de Sánchez y Montero están reteniendo un dinero que no es suyo, sino de los andaluces, que además ya está recaudado, por lo que no son actos discrecionales que comprometen al futuro Gobierno de España”. Además, ha recordado también cómo la entonces consejera de Hacienda ya calificaba el pago de estas actualizaciones como “un asunto ordinario”.
“Los socialistas son claros y concisos para anunciar subidas de impuestos, pero a la hora de hablar de financiación autonómica no”, y en ese sentido ha rechazado que el Gobierno del PSOE hable de “buscar cauces de participación de las CCAA” sobre la financiación “cuando este cauce ya existe con el CPFF”.

Gracias a esta PNL, se instará al Ejecutivo de Sánchez que convoque el sistema de financiación para garantizar el Estado de bienestar y blindar los servicios sociales.