1. Construcción de 20.000 VPO en cinco años
El eje central del plan de emergencia es la construcción de 20.000 viviendas de protección oficial (VPO) durante los próximos cinco años, con un ritmo de 4.000 viviendas anuales. El objetivo es ofrecer opciones de alquiler y venta a precios asequibles en zonas de alta demanda, especialmente en grandes ciudades como Málaga y Sevilla, así como en el litoral andaluz.
2. Uso de solares y edificios vacíos
Una de las medidas más destacadas es la utilización de solares sin uso y edificios destinados originalmente a equipamientos turísticos o de oficina para la construcción de viviendas protegidas. Estos inmuebles podrán reconvertirse de manera inmediata, siempre que se destinen de forma permanente al alquiler. Quedan excluidas, sin embargo, las parcelas reservadas para usos educativos o sanitarios.
3. Menos burocracia y mayor agilidad en los proyectos
El decreto ley incluirá medidas de simplificación administrativa para facilitar los cambios de uso de suelo y agilizar la construcción de las viviendas. Los ayuntamientos podrán realizar estas modificaciones sin necesidad de pasar por largos y complejos procesos de revisión de los planes de ordenación urbanística. Además, las promociones de más de 250 viviendas podrán ser asignadas a la Unidad Aceleradora de Proyectos, lo que permitirá acelerar su ejecución.
4. Mayor densidad de viviendas en zonas urbanas
El plan también contempla la posibilidad de autorizar una mayor densidad de construcción en parcelas destinadas a vivienda protegida, lo que permitirá aprovechar mejor el espacio disponible en las zonas urbanas. Este enfoque tiene como objetivo maximizar el número de viviendas en terrenos ya urbanizados.
5. Colaboración público-privada
El presidente Juanma Moreno subrayó la importancia de la colaboración con el sector privado para llevar a cabo este plan de vivienda. «No podemos hacer nada sin el apoyo del sector privado», señaló. La Junta trabajará con promotores privados para desarrollar proyectos conjuntos y asegurar la financiación necesaria.
6. Creación de una bolsa de suelo
Junto con los ayuntamientos, se creará una bolsa de suelo destinada exclusivamente a la promoción de viviendas protegidas. Esta medida busca dar mayor transparencia y eficiencia al proceso de asignación de terrenos, garantizando que estén disponibles para proyectos que beneficien a la población.
7. Avales hipotecarios para menores de 40 años
El plan también refuerza el programa de avales hipotecarios que la Junta de Andalucía ya puso en marcha en 2023. Este mecanismo permite a jóvenes menores de 40 años acceder a un préstamo hipotecario que cubre hasta el 100% del precio de la vivienda. De esta forma, se facilita la adquisición de vivienda para aquellos que no cuentan con el ahorro previo necesario.
8. Rebajas fiscales para compradores y arrendatarios
Dentro del paquete de medidas fiscales, el plan contempla la reducción del IRPF para la compra de vivienda y beneficios fiscales de hasta 900 euros para el alquiler. Según datos de la Junta, estas medidas ya han beneficiado a más de 200.000 personas, de las cuales 80.000 son jóvenes menores de 35 años.
9. Adelanto de medidas de la futura Ley de Vivienda
El decreto ley de febrero incluirá varias de las iniciativas que estaban previstas en el anteproyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía, cuya aprobación definitiva está prevista para 2026. Dado el carácter urgente de la situación, el Gobierno andaluz ha decidido adelantar estas medidas para ofrecer una respuesta inmediata.
Moreno aprovechó su intervención en el Foro ABC en Madrid para poner de manifiesto el error del enfoque del Gobierno central, al que acusó de «intervencionismo» y de no cumplir con las promesas realizadas. Según Moreno, el modelo andaluz apuesta por medidas «prácticas y no ideológicas» para afrontar la crisis de vivienda.
